Una de las personas con las que tengo contacto desde hace años gracias a la ONG en la que trabajo, nos pidió ayuda por una situación desagradable que está viviendo, en la que sufre el desamparo institucional, además de violencia por parte de terceras personas. Y es que su realidad es, por desgracia, bastante frecuente a día de hoy y poco conocida…

Madrid no es una ciudad para ancianos que quieren vivir en ella con su sola pensión (sobretodo si esta es la mínima o la no contributiva), desconozco si alguna vez lo fue pero ahora mismo no lo es. Ello se debe a lo complicado que es encontrar un alquiler (aunque sea de una sola habitación) para una persona mayor de 65 años, no sólo por el dinero (que ya sabemos que en determinadas zonas se disparan los precios), sino también porque pocas personas quieren alquilar a una persona mayor su piso o su habitación, pensando que van a necesitar cuidados especiales o que no van a poder dirigir esa casa por sí solas aunque estén en perfecto estado de salud (aclaro que no estoy hablando sólo de pisos céntricos ni me refiero exclusivamente a Madrid capital). Esa especie de rechazo hacia una buena parte de nuestra población es violencia también y no conozco ningún plan concreto para eliminarla porque el Estado no parece atender a las demandas de esta población, prefiriendo que terminen en la calle o desesperados contratando una habitación o piso por subarrendamiento (práctica a veces ilegal que, por otra parte, está bastante extendida) muchas veces sin contrato. El problema de que no haya una buena oferta para estas personas es que al final acaban teniendo que alquilar cualquier cosa para no vivir en la calle, aunque estén en malas condiciones o sean vulnerables a sufrir abusos por ello. Éste es el caso que me atañe y del que vengo a hablar precisamente: de los abusos que sufren personas de la tercera edad por parte de nuestra sociedad, abusos que han de ser evitados y perseguidos. Y aquí expongo el caso.

Laura es una mujer de 75 años que lleva viviendo en España unos 16, habiendo cotizado a la Seguridad Social gracias a trabajos con contrato (otra práctica menos común en nuestro país a lo que debería), ha cotizado durante 9 años y el Estado, tras todo ello, le da una pensión pequeña e insuficiente para la realidad de vivir en Madrid. Aun así, ella hace voto de austeridad y consigue vivir en habitaciones por ese precio (dado que no puede ganar más dinero porque su edad no la permite trabajar desde hace 5 años), pero no es fácil encontrarlas y, tras arduas búsquedas, tiene que ir a la que pueda para al menos tener un lugar donde dormir. Sin contrato, pagando cada mes y justificando esos pagos, pasa meses en la habitación donde al principio hay un ambiente normal pero la cosa se tuerce cuando la supuesta propietaria quiere echarla para ganar más dinero alquilando otras partes de la casa e incrementando el precio, momento en el cual nos damos cuenta de que esa supuesta propietaria no lo es, sino que el piso es de otra persona que se lo alquila a ella. En esta situación de irregularidad, conocemos por Laura que la apremia, quitándole las bombillas, insultándola, robándola su comida, negándose a dejarla pasar,… hasta que finalmente Laura se ve obligada a denunciar porque no puede entrar a la habitación que está pagando. La policía soluciona el problema en un inicio pero el problema real es mucho mayor y aquí es donde ayudamos a buscar otra habitación a Laura por lo que pudiera pasar, dándonos con un canto en los dientes, porque en las decenas de llamadas que hacemos, la edad parece ser el mayor impedimento para tener un hogar. El juicio se hace, y se absuelve a la acusada aunque quedando patente que echarla de esa manera es ilegal. No hay consecuencias legales y ello aviva el temor a las represalias. Yo personalmente he ido a recoger la resolución de ese juicio con ella así como a pedir asesoría legal y las cosas están claras, si quiere continuar, hay que pagar un abogado. La subarrendataria sigue intentando impedir que duerma o que siga allí por todos los medios posibles, con el fin de poder alquilar su habitación a un precio mayor a otra persona. Y así continúa la situación y así seguimos luchando…

No obstante, el problema no solamente es legal, sino sobretodo social. El mayor problema es que estas personas  no tengan derecho a un techo por una cantidad de dinero adaptada a lo que reciben.

La pregunta que yo creo que debemos formularnos es: ¿qué solución estamos dando a este problema? ¿Es una solución acaso condenar a una persona mayor a vivir en la calle desamparada y esperar a que los servicios sociales, tomándose el tiempo necesario para conseguir el recurso, la consigan una vivienda? ¿Es eso humano o beneficioso? Pues permítanme decirles que no, en ninguna de las maneras. Porque si eso ocurre, no sólo sería una catástrofe humanitaria (que probablemente vivan más personas de lo que creemos) sino que sería absurdo y un despilfarro de recursos. Permitir que una persona enferme, se agrave, no pueda recuperarse o incluso muera (porque #VivirEnLaCalleMATA) por esta situación de desamparo es una carga que no creo que debamos llevar a la espalda. Por eso concluyo que realmente Madrid #NoEsCiudadParaAncianos pero aún estamos a tiempo de cambiarlo. Jorge Pérez, médico

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